NO ÉRAMOS SOLO NOSOTROS MADRES Y PADRES DE TOLEDO CONTRA EL MALTRATO INSTITUCIONAL.

NO SOMOS LAS MISMAS MADRES DE HACE ONCE AÑOS

Hay momentos en los que una entra en una sala llena de desconocidas y, sin esperarlo, descubre que todas comparten la misma cicatriz.

Hace unos días participé en un estudio de la Universidad de Alcalá sobre educación especial, educación ordinaria y educación combinada. Madres y padres de distintos puntos de España, con hijos e hijas con diferentes discapacidades, nos sentamos a hablar de nuestros recorridos educativos. Algunas familias habían permanecido siempre en la educación ordinaria. Otras habían pasado de la ordinaria a la especial. Otras, como yo, llegamos a la educación especial después de un camino duro, agotador y lleno de obstáculos.

Yo hablé desde mi experiencia. De aquellos años en los que intentamos encajar en la educación ordinaria, primero en Getafe y después en San Martín de Montalbán. Años de lucha constante, de sentir que cada apoyo había que arrancarlo con las manos. Años en los que no se discutía solo un recurso educativo, sino la dignidad de nuestras hijas.

Y entonces ocurrió algo que todavía me estremece.

Cuando nombré a la persona que simbolizó para mí aquella etapa de maltrato institucional —Cipriano Puente Rubio—, Inspector de los Servicios Periféricos de Educación en Toledo, varias madres asintieron inmediatamente. Éramos las madres de Toledo. Nos miramos y supimos que hablábamos de la misma historia. Todas lo conocíamos. Todas habíamos sentido, de una manera u otra, el peso de decisiones tomadas desde la distancia, la falta de empatía y el desgaste constante que provoca tener que pelear por derechos básicos.

PARA QUE ME MALTRATEN, NO VENGO

Y ahí apareció un pensamiento que todavía me acompaña: si nosotras, solo un pequeño grupo de madres de una misma provincia, compartíamos una experiencia tan similar… no quiero imaginar cuántos “Cipriano Puente Rubio” puede haber repartidos por toda España. Cuántos mandos intermedios que, desde un despacho, maltratan institucionalmente a madres y padres que solo intentan garantizar apoyos para sus hijos e hijas.

No hablo aquí de un desacuerdo administrativo. Hablo de lo que ocurre cuando quienes ocupan puestos de decisión olvidan que detrás de cada expediente hay una persona, una familia y un niño o una niña que necesita apoyos reales para poder aprender y vivir con dignidad.

Recuerdo perfectamente aquella época. Pedir una ATE no era un capricho; era una necesidad. Y aun así hubo que pelear cada palabra, cada informe, cada reunión. Había que justificar lo evidente una y otra vez, como si nuestras hijas tuvieran que demostrar constantemente que merecen los derechos que la ley ya les reconoce.

Lo más duro no fue el cansancio físico. Fue la sensación de estar frente a un muro levantado por personas que deberían facilitar, no impedir. Mandos intermedios que, en lugar de acompañar, desgastan. Que convierten el sistema en un laberinto donde las familias se pierden y se agotan.

Paradójicamente, aquella lucha me empujó a tomar una decisión que cambió nuestra vida: salir de allí. Llegamos a un centro de educación especial donde por fin encontramos profesionales que miraban a mi hija con respeto, con conocimiento y con humanidad. Después vinieron otros centros y otras personas igual de comprometidas. Gente que demuestra cada día que la educación especial bien entendida no es una renuncia, sino una oportunidad real.

Con el tiempo regresamos a Toledo. Hoy mi hija está en un colegio fantástico. Y yo también he cambiado.

No soy la madre de hace más de diez años.

Entonces me sentía pequeña frente a los despachos. Hoy sé que tenía razón. Entonces me temblaba la voz. Hoy sé que defender a mi hija no era pedir favores, era exigir derechos. Entonces salía de las reuniones rota. Hoy entro sabiendo que ninguna autoridad está por encima de la dignidad de nuestros hijos e hijas.

Lo que más me impresionó en aquella reunión no fue recordar mi historia, sino descubrir que no era una excepción. Muchas familias relataron experiencias similares: burocracia que asfixia, decisiones arbitrarias, falta de sensibilidad y una estructura que a veces parece diseñada para cansarnos hasta que dejemos de insistir.

Y aquí quiero decir algo claro.

Las familias de personas con discapacidad no somos enemigas del sistema educativo. Somos sus aliadas naturales. Nadie conoce mejor las necesidades de nuestros hijos que quienes convivimos con ellas cada día. Cuando se nos escucha, las cosas funcionan. Cuando se nos ignora, se generan daños que duran años.

Esta reflexión va dirigida a quienes toman decisiones en educación. A la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. A quienes diseñan políticas y también a quienes las ejecutan desde los despachos. Porque los problemas no siempre nacen arriba; muchas veces se enquistan en esos niveles intermedios donde la empatía se pierde y el poder se ejerce sin control.

No se puede dejar el futuro de niños y jóvenes con discapacidad en manos de personas que no comprenden lo que significa acompañar, sostener y apoyar. No se puede permitir que el acceso a recursos dependa de la voluntad o el talante personal de quien firma un papel.

Las familias llegamos cansadas, sí. Pero también aprendemos. Nos organizamos. Nos apoyamos. Nos levantamos.

Y volvemos más fuertes.

Hoy miro atrás y no siento derrota. Siento orgullo. Porque a pesar de todo, encontramos el camino. Porque nuestras hijas avanzaron. Porque la red de madres y padres que se crea cuando compartimos nuestras historias es más poderosa que cualquier despacho.

No escribo estas palabras desde el rencor, sino desde la memoria. La memoria de lo vivido y la responsabilidad de que no se repita.

No somos las mismas madres de hace diez años.

Ahora sabemos hablar. Ahora sabemos defendernos. Ahora sabemos que nuestros hijos e hijas no son un problema que gestionar, sino personas con derechos que proteger.

Y no vamos a callarnos.